La presidenta regional firma un acuerdo pionero con los colegios de abogados y procuradores para ofrecer apoyo legal, psicológico y atención inmediata a través del 012.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado hoy, 19 de mayo de 2025, un protocolo de actuación para facilitar asesoramiento jurídico gratuito a víctimas de ocupación ilegal de viviendas, reforzando así el compromiso del Gobierno regional con la protección de la propiedad privada y la convivencia vecinal.
En un acto celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, Ayuso ha rubricado el acuerdo junto a los decanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón; de Alcalá de Henares, Ángel Llamas; y de Procuradores, Alberto García.
Asesoramiento legal, representación judicial y apoyo psicológico
A partir de este convenio, las personas afectadas por ocupación ilegal podrán acceder a:
- Asesoramiento legal gratuito por parte de abogados especializados.
- Representación procesal en tribunales mediante procuradores.
- Atención psicológica a través de la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD).
Además, se creará un nuevo servicio especializado dentro del teléfono 012 para prestar asistencia jurídica inmediata, en coordinación con el ya existente 112 Ocupación.
«No vamos a ponernos de perfil»
Ayuso ha sido clara: “Aunque no tengamos competencias directas, no vamos a ponernos de perfil. Esto va de delitos, pero también de derechos fundamentales”. La presidenta ha reclamado cambios legislativos urgentes para permitir que los jueces puedan ordenar el desalojo inmediato de los ocupas.
También ha denunciado el impacto social de este fenómeno: «Los barrios se deterioran, la convivencia se rompe y muchas veces estas viviendas acaban sirviendo para actividades ilegales como la trata o los narcopisos».
Desde la puesta en marcha del teléfono 112 Ocupación en 2022, se han recibido 4.041 llamadas, con 246 alertas de ocupación y 44 desalojos efectivos.
Madrid refuerza su compromiso con las víctimas
Este protocolo es una muestra más de la estrategia regional para combatir la ocupación ilegal de viviendas en la Comunidad de Madrid, defendiendo el derecho a la propiedad, la seguridad y la dignidad de las personas afectadas.
Gracias a esta iniciativa, los ciudadanos contarán con herramientas reales para recuperar su vivienda, recibir ayuda inmediata y evitar que estos delitos sigan creciendo.
