La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada a la comercialización ilegal de productos cárnicos sin control sanitario, en el marco de la operación Pox. La organización contaba con mataderos clandestinos en San Fernando de Henares, así como en las provincias de Ávila y Toledo, desde donde distribuía carne a restaurantes de la Comunidad de Madrid, incluyendo locales en Usera y el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada.
Cinco personas han sido detenidas en una operación que ha sacado a la luz un sistema de sacrificio y distribución de carne sin ningún tipo de control veterinario ni sanitario. Los animales eran mantenidos en condiciones deplorables, con signos de desnutrición, enfermedades y malformaciones. Eran transportados y sacrificados sin respetar la normativa vigente en materia de bienestar animal.
Durante los registros efectuados en Madrid, Toledo y Ávila, los agentes han intervenido:
- 10.000 euros en efectivo
- Numerosa documentación y crotales (dispositivos identificativos del ganado)
- Instrumental de sacrificio de animales
- Medicamentos veterinarios
- Dispositivos electrónicos relacionados con la actividad
Más de 350 animales han tenido que ser sacrificados al encontrarse en condiciones extremas de abandono, enfermedad o malformaciones irreversibles.
Carne servida en restaurantes y vendida a particulares
Según la investigación, parte de la carne obtenida ilegalmente era introducida en el circuito comercial a través de nueve restaurantes de la Comunidad de Madrid. Algunos de ellos incluso ofrecían esta carne en su menú habitual y a través de servicios de reparto a domicilio mediante plataformas en línea.
Además, varios de los investigados recogían habitualmente productos cárnicos de los mataderos ilegales para venderlos directamente a particulares en distintas localidades madrileñas, sin ningún control de trazabilidad ni garantías sanitarias.
Riesgo sanitario y cierre de restaurantes
Cuatro restaurantes han sido cerrados de forma preventiva tras confirmarse que ofrecían carne procedente de esta red. Las autoridades alertan del grave riesgo sanitario que supone la distribución de productos de origen animal sin control, especialmente ante la posibilidad de propagación de enfermedades como la viruela ovina-caprina.
Este tipo de prácticas, además de suponer un riesgo para la salud pública, vulneran las normativas de sanidad y bienestar animal y provocan pérdidas millonarias en el sector ganadero legalmente establecido.
