La primera jornada sobre ocupación ilegal en Madrid denuncia el impacto real en familias y exige mayor protección para las víctimas.
Un problema creciente que afecta a familias, jubilados y pequeños propietarios
La Comunidad de Madrid ha celebrado por primera vez una jornada centrada en la ocupación ilegal de viviendas, en la que ha instado al Gobierno central a tomar medidas urgentes y efectivas para proteger a los propietarios y acelerar los procesos de desalojo. El evento, desarrollado en la sede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ha contado con la participación de representantes institucionales, expertos y víctimas directas de la ocupación.
Durante su intervención, el consejero Jorge Rodrigo subrayó que el Ejecutivo regional “estará siempre del lado de quienes cumplen la ley” y abogó por endurecer las penas del Código Penal en casos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles.
Medidas de apoyo a los propietarios afectados
Uno de los mensajes más claros de la jornada ha sido desmontar el falso mito de que las ocupaciones solo perjudican a bancos o grandes propietarios. Rodrigo enfatizó que detrás de muchas de estas situaciones hay personas vulnerables: familias, jubilados, autónomos, que ven cómo sus propiedades son ocupadas y su vida se convierte en un calvario legal y emocional.
Para combatir esta situación, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha varias iniciativas de apoyo y asesoramiento a los afectados, entre las que destacan:
- El servicio 112 Ocupación, una herramienta pionera que centraliza las actuaciones judiciales, policiales y sociales desde el Centro de Coordinación Municipal (CECOM).
- La incorporación de un nuevo espacio de asesoramiento jurídico inmediato, en colaboración con los colegios de abogados y procuradores.
- Atención psicológica a través de la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD).
- Bonificaciones fiscales e incentivos al alquiler como el Plan Alquila, que facilita el contacto seguro entre arrendadores e inquilinos.
Desde su creación en junio de 2022, el 112 Ocupación ha recibido 4.194 llamadas y ha logrado evitar o revertir 44 ocupaciones ilegales, lo que demuestra su efectividad como herramienta de intervención rápida.
Una llamada al Gobierno central: reformas legales y mayor cooperación
El consejero Rodrigo ha sido claro en su petición: el Gobierno central debe reformar el marco legal para garantizar una respuesta más ágil y firme contra la ocupación ilegal, al tiempo que fortalece la colaboración con las comunidades autónomas en este ámbito. “No podemos permitir que las víctimas tengan menos derechos que quienes vulneran la ley”, ha declarado.
La Comunidad de Madrid se posiciona como una de las regiones más activas en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, promoviendo políticas que ponen en el centro a las víctimas y apuestan por la legalidad, la seguridad jurídica y el apoyo institucional. El mensaje es claro: tolerancia cero ante la ocupación ilegal y máximo respaldo a quienes ven vulnerado su derecho a la propiedad.
